Según el informe presentado por Senplades, 51 establecimientos dentro del área de salud se encuentran con afectaciones y aproximadamente 593.000 personas quedaron sin acceso a atención médica. En cuanto a viviendas y edificios públicos colapsados, por demoler, con restricciones e inseguros alcanzan un total de 13.962 en áreas urbanas y 15.710 rurales. En el campo de la educación 875 escuelas sufrieron daños lo que dejó sin servicio educativo a 120.000 niños. Adicionalmente, la infraestructura vial también fue afectada en 83 km. <br /> <br /> Es que el desarrollo de una ciudad resiliente es fundamental para la supervivencia de sus habitantes, así lo confirma la oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, pues cada año alrededor de 221 millones de personas se ven directamente afectadas tras desastres naturales, representando cinco veces el número de víctimas en zonas de conflicto.<br /> <br /> Tras una catástrofe, los países y sus gobiernos ven la necesidad de implementar normativas de prevención con el fin de menguar el impacto y fortalecer la evolución de sus comunidades, a cuyo propósito contribuyen importantes aportes económicos de entidades sin fines de lucro al igual que ayuda de diferentes países y expertos locales extranjeros. Pero el desafío para alcanzar una urbe bajo los estándares de prevención de riesgos internacional es una problemática difícil de sobrellevar en territorios en vía de desarrollo, a consecuencia de las malas prácticas de construcción, de la escasa información y conocimiento sobre cómo enfrentar riesgos, así como por razones culturales y de idiosincrasia.<br /> <br /> <span style="font-weight: bold;">Organismos Internacionales, su rol tras desastres naturales</span><br /> El costo de la reconstrucción de las zonas afectadas se estima en USD 3.344 millones de los cuales, el sector privado aporta el 32,6% y el sector público el 64% (USD 2.253 millones), de este último valor, el 29% corresponde a líneas contingentes que representan US$ 660 millones concedidos por el Banco Mundial, el BID y la CAF; el 44% a la Ley de Solidaridad, el 18% FMI) y un 9% al Presupuesto General del Estado.<br /> <br /> El financiamiento proveniente de líneas de crédito emergente, al igual que donaciones de organismos internacionales representan un importante apoyo tras un desastre natural. Por ejemplo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), efectuó la donación de USD 200.000 para atender las necesidades inmediatas de damnificados y puso a disposición del Gobierno ecuatoriano un préstamo emergente por USD 100 millones, para ayudar a solventar los requerimientos de reconstrucción, así lo confirma Bernardo Requena, Director- epresentante de este organismo en Ecuador.<br /> <br /> “Complementariamente, se reprogramaron los recursos de un crédito por USD 66,7 millones, aprobado en 2011 para el financiamiento parcial del Proyecto de Gestión de Riesgos para el Hábitat y Vivienda. En el marco de dicho financiamiento, se ha priorizado el uso de los recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto”.<br /> <br /> Por otra parte el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aparte de proveer Cooperación Técnica de Emergencia (CTE), los instrumentos de préstamo de la Facilidad de Respuesta Inmediata (FRI) hasta USD20 millones y la Facilidad de Crédito Contingente para Emergencias de hasta USD 300 millones de los cuales USD 160 millones fueron desembolsados el 22 de abril, recomienda la solidificación de estrategias preventivas, así lo confirma Tsuneki Hori, Especialista en Gestión de Riesgo de Desastres del BID. “De hecho, diversos estudios han confirmado que la inversión en reducir la vulnerabilidad, prevenir y mitigar el impacto de los desastres tendrían rentabilidades que superan los cuatro dólares en costo necesario para restauración y reconstrucción en varios sectores por cada dólar invertido. Inversiones para prevenir y mitigar la vulnerabilidad es la mejor estrategia, así como disminuir eficientemente el costo para restauración y reconstrucción”.<br /> <br /> Siguiendo los parámetros de reconstrucción, el BID plantea la necesidad de que la industria latinoamericana cuente con un plan de contingencia de negocios (business continuity plan) para poder recuperar pronto sus servicios o negocios tras la ocurrencia de una catástrofe, por ejemplo el restablecimiento de los servicios de agua, electricidad, transporte y comunicación. <br /> <br /> <p style="margin: 0px; text-align: center;"><img src="http://www.ekosnegocios.com/negocios/especiales/images/273/68.jpg" /></p><br /> <span style="font-size: 8pt; font-weight: bold;">Fuente: Fuente: Ecuador Económico No.17 - Ministerio Coordinador de Política Económica</span><br />