miércoles, 19 de diciembre de 2018
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Ley económica se aplicará paulatinamente
 
Ley económica se aplicará paulatinamente
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09-ago-18  Redacción Ekos   @revistaEkos
 
El Legislativo deberá esperar hasta el próximo 24 de agosto para enviar el texto de la Ley al Registro Oficial para su publicación.
 

El tratamiento de la Ley de Fomento Productivo culminó el pasado martes, cuando el Pleno votó las 66 objeciones que planteó el Ejecutivo a esta reforma económica.


Sin embargo, el Legislativo deberá esperar hasta el próximo 24 de agosto para enviar el texto de la Ley al Registro Oficial para su publicación.


Hugo del Pozo, director del Registro Oficial, dijo que tomaría entre uno o dos días este trámite, por lo que la Ley entrará en vigencia durante la última semana de este mes.


Esta situación ocurre porque algunos artículos de la reforma no lograron los votos exigidos para el allanamiento o la ratificación, con lo cual se debe esperar el plazo de 30 días, contados a partir del 24 de julio, cuando el Presidente envió el último alcance al veto.


Los artículos que no alcanzaron los votos se relacionan con las normas macrofiscales.


Homero Castanier, de la bancada de Creo, explicó que “en vista de que no se alcanzaron los votos en varios temas para allanarse o ratificarse, estos quedarán tal como los planteó el Presidente en el veto, y por tanto entran por el ministerio de la ley, tal como señala el artículo 138 de la Constitución”.


Pero la publicación de la Ley no significa que todos los ajustes o incentivos entrarán en vigencia de forma inmediata.


Para 11 medidas se necesita que se implementen normativas complementarias, explica Patricio Donoso, miembro del Consejo de Administración Legislativa (CAL). El Ejecutivo debe elaborar un reglamento para la Ley y para ello tiene un plazo de 90 días.


Uno de los temas que requiere de un reglamento es el de incentivos tributarios; entre ellos, la exoneración por 15 años del impuesto a la renta a las nuevas inversiones en industrias básicas.


La Ley señala que estos incentivos estarán vigentes por dos años desde que la reforma entre en vigor; es decir, que podrán acceder a los beneficios las inversiones que lleguen en los próximos dos años.


Sin embargo, las condiciones que deben cumplir las inversiones deberán estipularse en el reglamento.


La disposición de que la Junta de Regulación Monetaria y Financiera fije tasas de interés preferenciales para las operaciones de la Banca Pública, destinadas a las pequeñas y medianas empresas en zonas deprimidas, también requiere de un reglamento.


En lo relacionado a las normas macrofiscales, el Ejecutivo propuso que no se apruebe un Presupuesto con un resultado global que no cumpla con una meta estructural de largo plazo, la cual deberá definirse en el reglamento.


“La meta estructural de largo plazo observará que el incremento del gasto del Gobierno central no supere la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía”, planteó el Presidente en el veto.


Un tema adicional que deberá definirse en ese documento es el método para calcular la relación entre el saldo de la deuda pública total y el Producto Interno Bruto, la cual no puede ser mayor al 40%.


Pero, además, hay otras medidas de la Ley de Fomento Productivo que requieren resoluciones y normativas para definir su forma de aplicación.


Varias entidades del Ejecutivo deberán emitir estos documentos en plazos que van desde los 30 hasta los 90 días.


Por ejemplo, para la remisión de multas, intereses y recargos de obligaciones tributarias, aduaneras, entre otros, se necesita que el Servicio de Rentas Internas (SRI), Aduanas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social emitan resoluciones que viabilicen la aplicación de la medida, “en aquellos casos que fuera necesario”, dice la disposición transitoria cuarta de la Ley.


En una entrevista con este Diario, Marisol Andrade, directora del SRI, dijo días atrás que la entidad tiene los procesos listos para que la ciudadanía se acoja a la remisión y que solo estaba a la espera de la publicación de la Ley. El Fisco espera recaudar por la remisión USD 602 millones este año.


El beneficio de devolución del IVA para los constructores de vivienda de interés social también requiere que el Ministerio de Vivienda y el SRI emitan en 30 días una resolución.


Fuente: El Comercio


 
 
 
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