Según UN Hábitat, los efectos de la urbanización y el cambio climático están convergiendo de modo peligroso. No obstante representan menos del 2% de la superficie de la tierra, las ciudades son las principales contribuyentes al cambio climático, consumen el 78% de la energía mundial y producen más del 60% del total de dióxido de carbono, así como un monto significativo de las emisiones de los gases del efecto invernadero; principalmente a través de la generación de energía, vehículos, industria y uso de la biomasa. El cambio climático probablemente tendrá un impacto negativo en la infraestructura y empeorará el acceso a los servicios urbanos básicos y la calidad de vida en las ciudades. Asimismo, la mayor parte de la economía vital, la infraestructura social, las instalaciones del gobierno y los activos se localizan en las ciudades. Las poblaciones más afectadas son la zonas urbanas pobres- por ejemplo, los habitantes de los asentamientos precarios en países en vías de desarrollo – quienes tienden a vivir cerca de las riberas de los ríos, en las laderas y pendientes propensas a deslizamientos de tierra, cerca de terrenos contaminados, en suelos desertificados, en estructuras inestables vulnerables a los terremotos, o bien a lo largo de zonas costeras. Ecuador no es una excepción a los fenómenos anteriormente descritos: en la actualidad, alrededor del 74% de su población vive en zonas urbanas y, de este segmento, más de la mitad habita en ciudades medianas. Por lo tanto, la forma de enfrentar los desafíos y oportunidades del desarrollo urbano resulta fundamental para el desarrollo económico, social y ambiental del país. De allí que las ciudades, en particular aquellas intermedias, son reconocidas por las agendas internacionales como actores clave para la consecución de sus objetivos. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida ha desarrollado una política ambiental urbana basada en el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales y organizaciones sociales, a partir de la cual se gestionan sistemas de prevención y control de la contaminación ambiental, tales como el impulso a programas de manejo integral de los desechos sólidos, descontaminación de ríos y esteros, reciclaje de aguas municipales para usos de producción agrícola y, en general, sistemas de reciclaje que promuevan la economía comunitaria, así como medidas de bioseguridad orientadas a preservar la integridad biológica. De su parte, CAF-banco de desarrollo de América Latina-, a través de su estrategia de desarrollo sostenible y como intermediario financiero, moviliza recursos desde los mercados internacionales hacia América Latina, promoviendo inversiones y oportunidades de negocio consecuentes con los desafíos que el cambio climático implica para la región. Así, la institución se ha convertido en agencia implementadora de importantes fondos ambientales como el Fondo de Adaptación, GEF y GCF. En sus políticas de gestión integra las variables social, ambiental y económica, a efectos de garantizar la sostenibilidad de los proyectos que financia y/o que apoya mediante asistencia técnica especializada. Por lo mencionado, el ciclo de financiamiento de proyectos en CAF requiere la visión integral de la sostenibilidad, para lo cual, entre otras acciones de gestión, se cuenta con diferentes instrumentos de evaluación y seguimiento ambiental y social de proyectos. En esta línea de razonamiento, CAF promueve agendas y estrategias temáticas enfocadas en la construcción de entornos urbanos más inclusivos, más productivos y más resilientes.Por _ Carolina Cortés, Ejecutiva Principal, Cambio Climático, CAF- banco de desarrollo de América Latina