Chile tiene 6.435 kilómetros de costa. Por eso, en el país más largo y angosto del mundo, hablar de pesca es inevitable. Durante 2021, las exportaciones totales del sector y la acuicultura sumaron más de USD 1.840 millones, un 4% más que el año anterior, según la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca). Es la cuarta economía más potente de la nación. Y, sin embargo, hace casi una década, tras fuertes épocas de sobre explotación, las normas nacionales se recrudecieron. Desde entonces, el país sudamericano empezó a apostar por el máximo rendimiento sostenible, una forma de reconocer que los recursos no son infinitos y que la rentabilidad y la protección de la biodiversidad marina son compatibles. En 2013, Chile se preocupó. Las aguas que venían explotando sin parar desde los 60 empezaron a encender todas las alarmas. Y varias poblaciones se redujeron como nunca antes. El caso del jurel fue, para Macarena Cepeda, presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), el más preocupante. “Chile exporta más del 64% de la cuota mundial y, a partir de 2000, casi no había. Se sobreexplotó burdamente”. Ante ese escenario, el país apostó por recrudecer su legislación, adaptando requisitos internacionales -mucho más restrictivos que otras leyes de la región- e incluir la opinión científica. Así, aprobaron una norma que se centraba en la pesca industrial, principalmente, y que permitía dos elementos claves de gobernanza que han sido un punto de inflexión en la paulatina recuperación de la costa chilena. Por una parte, se crearon comités científicos, responsables de asesorar sobre la cuota pesquera -cuánto y qué se puede pescar-. Y, por otro, le dieron forma a los comités de manejo, en el que participan todos los actores involucrados: desde las instituciones públicas hasta las plantas de procesado y los propios pescadores. También se fomenta la fiscalización de las prácticas y los observadores a bordo. Empezar a ver los frutos de la transición hacia la pesca sostenible es un proceso lento. Aunque Chile está a la avanzadilla de los países de la región, el 57% de sus pesquerías están sobreexplotadas o colapsadas. En 2012, este porcentaje era del 68%. Rodrigo Polanco, encargado de pesquerías del Marine Stewardship Council (MSC) en América Latina, se muestra optimista: “Cuando empiezas a hacer bien las cosas, tomará tiempo. Pasa lo mismo con la recuperación de las poblaciones más afectadas. No es automático. Pero de las 16 pesquerías mencionadas en las cifras oficiales, 10 están en los niveles deseables de biomasa en el agua. Lo más importante es observar cómo se han ido recuperando en el tiempo. Y el caso de Chile es notable”. Los beneficios de la pesca responsable son infinitos. La búsqueda de métodos selectivos que no capturen -indiscriminadamente- especies amenazadas o sin valor comercial que justifique su pesca permiten mantener ecosistemas dentro y fuera de los océanos, los principales capturadores de carbono. La falta de equilibrio bajo el mar pone en jaque también la vida en la tierra. También te puede interesar: Medioambiente y biodiversidad en la agenda indígena latinoamericana para 2023 La certificación respecto a los estándares globales de Marine Stewardship Council (MSC), para garantizar la sostenibilidad de los productos del mar, recibió recientemente el reconocimiento en la COP-15 como una herramienta científica para revertir el alarmante declive en la biodiversidad del mundo. Dos de cada 10 pesquerías industriales de Chile tienen el visto bueno de la entidad, unas exigencias que van más allá de las ya rigurosas normativas. Pero Polanco apunta a que el marco legal no siempre es suficiente, aunque es imprescindible: “No siempre se tiene la certeza absoluta de cuántos peces hay bajo el agua, los efectos del cambio climático, si los pescadores cumplen… Hay miles de factores que no controlamos, pero esto es un ciclo de mejora continua. Y este es el único indicador para constatar las buenas prácticas y sus resultados. Así sean a largo plazo”. Fuente: El País