El Ministerio de Finanzas anunció el lunes que la reestructuración de la deuda permitirá ampliar los plazos de vencimiento de esos papeles hasta el 2040. Hoy, esos bonos vencen en el 2030. También se reducirán los pagos anuales de capital. Por ejemplo, el servicio de la deuda en el 2021 baja de USD 1.593 millones a USD 76 millones. La tasa de interés disminuye del 9,2 al 5,3% en promedio y el capital en USD 1.540 millones. Si esto se concreta, uno de los efectos será una reducción progresiva del riesgo país. Ese indicador disminuyó el martes y se ubicó en 2.760 puntos, 519 menos que la jornada previa al anuncio de Ecuador. Un menor riesgo permite reducir el costo del financiamiento para el Estado, pero también para empresas, exportadores y bancos que buscan fondeo en el exterior. Con ello, según Valeria Llerena, directora ejecutiva de la Red Financiera de Desarrollo, se abrirá la posibilidad de conseguir recursos extranjeros frescos desde la banca de inversión, que son las principales fuentes de fondeo del sector. Y esto, a su vez, logra ampliar y abaratar el acceso a créditos en el país. Los gremios también esperan que, con ese alivio en los flujos del pago de deuda, el Fisco se enfoque en medidas que mejoren la productividad y las ventas de los negocios, y no en un alza de tributos. Eso se traducirá en mayor certeza para las empresas, las cuales pueden concentrarse en generar empleo a través del levantamiento de negocios, dijo Francisco García, titular de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas. Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), cree que una herramienta que se puede potenciar es la Ley de Fomento a las Inversiones, que contiene incentivos para el sector productivo. Este instrumento -asegura- podría ayudar a mejorar la “delicada” situación actual del mercado laboral. Con los recursos que se dejarán de destinar al pago de deuda, se podrá cumplir con el pago de atrasos, indicó el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Además, según el funcionario, se podrán cubrir los mayores gastos en el sector de salud que demanda la actual emergencia sanitaria y entregar bonos a los sectores más vulnerables. Y, además, impulsar la productividad. Eduardo Egas, presidente de Corpei, espera que el Fisco pueda atender otras necesidades internas para devolver la competitividad a los exportadores. Por ejemplo, el Estado podría comenzar a devolver tributos (‘drawback’). También se podría optar por bajar paulatinamente el ISD e invertir en promocionar las exportaciones y atraer la inversión extranjera. Martínez, señaló que es necesario tener una visión integral de la situación del país. Y dijo que sin esa operación “el financiamiento del país no será viable”, pues en este momento no hay acceso al mercado ni posibilidad de lograr una tasa del 6% o 9 meses de gracia como se negocia con China. Si se emitieran bonos, la tasa sería del 40%. Acuerdo hasta agosto, con FMI Hasta agosto se podría tener un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que reemplace al acuerdo firmado en el 2019. El Fisco esperaba USD 4.200 millones del multilateral, entre el 2019 y el 2021, pero en marzo el acuerdo se suspendió tras varios ajustes a las metas y luego de que el organismo identificara que se registraron errores de cálculo en varios indicadores. El país recibió tres desembolsos, por USD 1.400 millones. Para el exministro Mauricio Pozo, el nuevo acuerdo podría ser de corto plazo. “Debería ser uno tipo ‘stand-by’, a 13 meses, porque este mandato está por terminar y no creo que se fijen metas para que las cumpla otro gobierno”. A menor plazo, menor monto, dijo Pozo. Deuda interna se reestructurará. La deuda interna representa el 29% del total de compromisos del Estado. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo ayer que el Gobierno espera reestructurar estas obligaciones, que a mayo sumaron USD 16.853 millones. La mayor parte de este monto corresponde a títulos del Estado en manos de la Seguridad Social y del Banco Central, señala Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal. Él añade que la deuda con la Seguridad Social es poco transparente, pero suma al menos USD 8.000 millones. Fuente: El Comercio