Italia es ya el primer país del mundo occidental que obligará a sus ciudadanos a vacunarse para ir a trabajar o prestar servicios a domicilio, ya sea en la empresa privada o el ámbito público. En realidad, los empleados deberán tener en regla su certificado verde, que básicamente acredita la inmunización a través de la vacuna o la realización en los últimos dos días de una prueba con resultado negativo. Esta opción, sin embargo, no es viable para utilizarla a diario con fines profesionales, por lo que las imposiciones del Ejecutivo son más bien una fórmula técnica destinada a convencer a la población de vacunarse y terminar definitivamente con las resistencias. Italia ya fue pionera en Europa al introducir el pasado abril la obligatoriedad de vacunarse para los trabajadores sanitarios. Hace unas semanas dio un paso más e implantó el uso obligatorio del certificado covid también para los profesores. ➤ Ver también: Cada vez más empresas de EEUU recurren a incentivos o amenazas para fomentar vacunación El salvoconducto será a partir del 15 de octubre obligatorio para todos los trabajadores, un sector que abarca a 23 millones de personas. Da igual si son autónomos, si se trata de servicios a domicilio como el fontanero o las cuidadoras, si trabajan en multinacionales o son funcionarios de la Administración. Solo los autónomos que trabajan en su domicilio han quedado eximidos. En el caso de los empleados, el trabajador será enviado a su casa si no tiene el certificado. Si no lo presentase en un plazo de cinco días, se le suspenderá de sueldo y podrá ser multado con hasta 1.000 euros. La posibilidad de despedirlo, que también estaba sobre la mesa, ha quedado descartada por considerarse inconstitucional. Son los empleadores quienes deberán organizarse creando alguna figura que se dedique a controlarlo. Si no lo hicieran, también se expondrán a las mismas sanciones. “Esto es algo que no se ha visto en ningún lugar de Europa”, lanzó el ministro de Administraciones Públicas en una rueda de prensa en la que también participaron los responsables de Justicia, Sanidad y Asuntos Regionales. El certificado Covid o pase verde, como se conoce en Italia, se ha convertido ya en una herramienta imprescindible para la vida cotidiana. Se trata, en suma, de una obligación general de vacunación para la población. Pero sin recurrir a una medida cuya constitucionalidad sería algo dudosa y que todavía genera reticencia entre algunos sectores. “El certificado es un instrumento para tutelar los espacios de libertad que hemos conquistado con mucha fatiga”, señaló tras el Consejo de Ministros la titular de Asuntos Regionales, Maria Stella Gelmini. Se exige ya para comer en el interior de los restaurantes, para entrar en teatros, museos, cines y gimnasios o viajar en trenes de larga distancia. En Italia cerca del 65% de los 60 millones de habitantes del país ha recibido la pauta completa de vacunación y el 73% se ha inmunizado con al menos una dosis. Estas cifras están ligeramente por encima de la media de la Unión Europea: el 60% tiene la pauta completa, y un 66%, al menos una dosis. El Ejecutivo ha ido extendiendo de manera gradual sus usos, no exento de oposiciones. El mero planteamiento de hacerlo obligatorio solo para los trabajadores públicos ya ha desatado protestas y conflictos con los sindicatos estos días. Fuente: El País